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Independencia judicial en Ecuador | Pronunciamiento de la AEC

24 sept
2 min de lectura

La Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas (AEC) expresa su preocupación por los hallazgos del informe del Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, publicado el 22 de septiembre de 2026, titulado Represalias del Poder Ejecutivo contra la Corte Constitucional del Ecuador: el Estado de derecho bajo amenaza.

El documento identifica cinco ámbitos de preocupación: deslegitimación pública de la Corte; intimidación y señalamiento de sus integrantes; procesos penales que el informe caracteriza como represalias; iniciativas para restringir sus competencias y menoscabar su independencia; y medidas administrativas que obstaculizan su funcionamiento. También reporta retrasos en el desembolso de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo destinados a fortalecer la capacidad institucional de la Corte.

Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, ONU Derechos Humanos y la Relatoría de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados examinar la evidencia, solicitar información a las autoridades ecuatorianas y mantener un seguimiento público dentro de sus respectivas competencias.

Extendemos esta solicitud al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que considere la información mediante los mecanismos que correspondan a su mandato.

Invitamos a las instituciones judiciales y organizaciones de derechos humanos del Ecuador, así como a las cortes y tribunales constitucionales de la región —incluidas la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional del Perú—, a conocer el informe y promover el intercambio institucional sobre las garantías de independencia judicial.

El llamado es a revisar la evidencia, respetar el debido proceso y dar seguimiento a los riesgos documentados. El informe distingue la fiscalización sustentada en indicios objetivos y creíbles de las investigaciones utilizadas como represalia por el contenido de las decisiones judiciales.

Quito, 24 de septiembre de 2026

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