La descalificación de las candidatas mejor puntuadas exige explicaciones verificables en el concurso para fiscal general
12 de octubre de 2026
La Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas considera de especial gravedad la descalificación de Daniella Camacho e Inés Maritza Romero, quienes ocupaban los dos primeros lugares de la fase de méritos del concurso para fiscal general. Camacho obtuvo 48 puntos sobre 50; Romero, 47,25; y el actual fiscal general encargado, Carlos Alarcón, 46,5.
El 6 de octubre, la Comisión Ciudadana de Selección resolvió 41 impugnaciones presentadas contra 26 postulantes. Aceptó una de las seis impugnaciones contra Camacho y tres de las ocho contra Romero, por cuestionamientos de probidad e idoneidad. En total, 21 aspirantes quedaron descalificados y cinco continúan en el concurso. La única impugnación contra Alarcón fue archivada.
La consecuencia es concreta: quien ocupaba el tercer lugar en méritos pasó a encabezar la lista. Alarcón tiene 8,75 puntos más que los siguientes postulantes, Mario Fonseca y Juan Guaño, con 37,75 cada uno, y avanza a la fase de oposición. Camacho ha anunciado que apelará ante el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por lo que su situación aún no es definitiva.
La AEC no prejuzga sobre el fondo de cada impugnación. Su preocupación es que decisiones de esta magnitud, que alteran por completo el orden de la competencia, estén sustentadas en razones públicas, motivadas y aplicadas con criterios uniformes a todos los aspirantes. Esa exigencia es mayor cuando el beneficiado es quien ejerce hoy la Fiscalía, y cuando su actuación en investigaciones relacionadas con el entorno del presidente Daniel Noboa ha sido objeto de cuestionamientos públicos.
Estas preocupaciones se enmarcan en un proceso ya observado. En sus hallazgos preliminares del 8 de julio de 2026, la Misión Internacional de Observación advirtió graves deficiencias de transparencia, la ausencia de un reglamento permanente y retrasos en los plazos. Planteó como salidas sanear las irregularidades o retrotraer el procedimiento. Esas advertencias son anteriores a las descalificaciones del 6 de octubre, pero muestran un déficit de garantías que hace más necesaria la rendición de cuentas en esta etapa.
Por ello, la AEC exige:
Publicar las razones y los fundamentos de las impugnaciones aceptadas contra Camacho y Romero, demostrando que se aplicaron los mismos criterios a todos los aspirantes.
Resolver las apelaciones ante el pleno del CPCCS con imparcialidad y motivación suficiente, corrigiendo las vulneraciones que se verifiquen.
Atender las observaciones de la Misión Internacional de Observación y garantizar una veeduría efectiva en las siguientes etapas.
Abstenerse de consumar una designación mientras subsistan cuestionamientos sustanciales sin resolver y retrotraer las actuaciones afectadas cuando los vicios comprobados lo exijan.
La independencia de la Fiscalía comienza en su selección. El país merece una explicación verificable de por qué fueron descalificadas las dos candidatas mejor puntuadas y qué garantías existen para que el concurso sea, y parezca, imparcial.
Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas
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